ETA ve factores positivos para una hoja de ruta que incluya el desarme

ETA ve factores positivos para una hoja de ruta que incluya el desarme

ETA anuncia que continuará con el proceso de sellado de su armamento y está dispuesta a «un diseño compartido de desarme» dentro de una hoja de ruta de resolución de las consecuencias del conflicto, para lo que ve útiles varias iniciativas en marcha. Por contra, carga contra el planteamiento hecho en diciembre por Lakua.

Quince meses después del acto de inicio de inventariado y sellado de su arsenal junto a miembros de la Comisión Internacional de Verificación, ETA ha emitido un extenso comunicado en el que fija su posición actual y futura al respecto. Parte de la respuesta, muy crítica, al planteamiento hecho por Lakua el 21 de diciembre del pasado año, poco después de que la CIV diera a conocer algunos avances en este proceso. Pero el texto concluye con la puesta en valor de algunos otros elementos y la afirmación de que ETA «está dispuesta a hacer un diseño compartido de desarme», para lo que emplaza a los agentes políticos y sociales vascos, «especialmente el Gobierno Vasco».

El mensaje de ETA anima a todos los partidarios de la resolución a «consensuar modos razonables de superar todas las consecuencias del conflicto» conformando «una hoja de ruta». Y considera que no se parte de cero porque para ello existe ya una base con varias manifestaciones: «Las recomendaciones del Foro Social, los procesos que están en marcha (el sellado del armamento de ETA o el camino político y jurídico que abrió la declaración de EPPK de diciembre de 2013, entre otros), la propuesta Zuzen Bide del Gobierno Vasco, la Declaración de Baiona o la ‘Vía Vasca para la Paz’ que acaba de presentar EH Bildu».

En paralelo, ETA deja claro que continuará con el proceso de sellado, que está realizando desde enero de 2014 de modo unilateral. En este punto expone que «ETA sabe que si este proceso se desarrollara en otras condiciones no tendría las debilidades que presenta» y se declara «abierta a analizar cómo se puede mejorar». En cualquier caso, recuerda que las dificultades se derivan de la actitud de los gobiernos español y francés. Cabe recordar que los verificadores que participaron en aquel acto de inicio de inventariado y sellado fueron llevados a la Audiencia Nacional y a la Comisaría de Baiona.

Entre los elementos positivos citados, el comunicado hace un apartado especial para referirse a la propuesta reciente de EH Bildu, con planteamientos muy concretos para la resolución de las consecuencias del conflicto en materia de víctimas, presos y huidos, desarme y desmilitarización. ETA considera que integra los ingredientes necesarios para superar esas consecuencias y que incluye vías «razonables». «Sobre cada propuesta pueden hacerse matices, pero no se puede negar que ofrece la oportunidad de abrir un diálogo sincero y constructivo», estima.

En cuanto a Lakua, pese a su crítica radical al planteamiento hecho público el 21 de diciembre, ETA apunta que con ello no le quiere «relegar» y que «podría tener un quehacer importante si apostara por la resolución, más aún cuando por la gestión del Gobierno de los tres herrialdes tiene una clara responsabilidad al respecto. Y así se lo dijimos a Iñigo Urkullu hace dos años».

El plan de Urkullu y Fernández

Estos mensajes se agrupan en la parte final del extenso comunicado, cuyos dos primeros tercios van destinados a rechazar la propuesta de Lakua del 21 de diciembre, lanzada por Iñigo Urkullu y Jonan Fernández y que se interpretó como un intento de desautorización de los pasos que iba dando ETA junto a la CIV (aunque luego Lakua ha reconducido en parte sus críticas implícitas a los verificadores). ETA comienza explicando que ha esperado a ver si Lakua le hacía llegar esa propuesta «de primera mano», pero que al no tener noticia directa en estos cuatro meses ha optado por hacer pública su valoración.

Su crítica se articula en cinco puntos. El primero subraya que Lakua «no busca el acuerdo», porque no ha trabajado la propuesta previamente con nadie, ni se la ha hecho llegar a ETA, ni aprecia un carácter «constructivo». Añade que tanto el documento como las posteriores afirmaciones de Jonan Fernández sobre el mismo «destilan prepotencia y fobia a la izquierda abertzale». Y revela que con ello «el Gobierno Vasco una vez más empleó de modo perverso la información que le ofrecen ETA y la CIV. Traicionando la confianza dada, la propuesta se presentó una hora después de que la CIV diera cuenta del desarrollo del proceso de sellado, a modo de contraprogramación», recalca.

En segundo lugar, entiende que esa intervención intentó «dañar el proceso de sellado que se está desarrollando, dentro de una estrategia de ataque a la izquierda abertzale». Apunta por ejemplo que Lakua trató de «equipararlo con no hacer nada» pese a que el método que se está siguiendo es «el posible» y «los agentes y personalidades con gran experiencia del ámbito internacional con los que se contrastó antes de ponerlo en marcha le dieron gran valor, absolutamente todos», remarca. Introduce además la afirmación de que Lakua «busca hace tiempo que la CIV se posicione en contra de ETA, pese a saber que ello traería la desactivación de la Comisión».

En paralelo, advierte ETA un intento de «recrear que la falta de avances hacia la resolución es responsabilidad de ETA y la izquierda abertzale», aunque ello lleve a atribuirle incluso la culpa de la vulneración de los derechos de los presos políticos vascos y la represión del independentismo de izquierdas. Ante ello, replica que es Lakua quien «hasta ahora no ha tenido el fundamento suficiente, ni para emprender conversaciones entre los partidos, ni para defender los derechos de los presos políticos vascos, ni para denunciar con firmeza esta persecución política».

Como cuarto punto, reprocha al Gobierno Urkullu que su propuesta «no siga los modelos internacionales de resolución de conflictos, sino el esquema de vencedores y vencidos». Apostilla aquí que en el ámbito internacional el desarme se une a acuerdos, pero Lakua lo quiere presentar «de modo aislado y como un imperativo. Con esos planteamientos, la Secretaría de Paz y Convivencia que dirige Jonan Fernández hubiera reventado todos los procesos de paz que han tenido éxito en el mundo». Le recuerda también que su apoyo a operaciones policiales solamente «alimenta el conflicto». Y añade que no puede pretender cosas como que el armamento de ETA quede en sus manos dado que «el Gobierno Vasco y la Policía autonómica no son agentes neutrales».

A todo ello suma el comunicado una última reflexión crítica: «Esa propuesta no es viable y no ofrece garantía alguna». Lo desarrolla en tres afirmaciones: Lakua «no tiene competencias para ofrecer garantías jurídicas a este proceso», tampoco puede dar ninguna «seguridad» a ETA y actúa con «ligereza» al añadir que «el proceso podría hacerse rápido» cuando por ejemplo desconoce la cantidad y la ubicación del armamento.

El comunicado fue adelantado por NAIZ y Berria.info a media tarde de ayer y rápidamente fue rebotado por agencias de prensa y medios digitales, con un eco mayor que el de anteriores mensajes de esta organización. Hicieron hincapié sobre todo en que la mano tendida de ETA para un eventual consenso en torno al desarme se haga extensiva al Gobierno de Iñigo Urkullu. EH Bildu ha convocado una rueda de prensa hoy para valorar esta declaración, a través de su parlamentario en Gasteiz Julen Arzuaga.